lunes, 13 de marzo de 2017

CNP Yaracuy aboga por una comunicación libre, pero ajustada a derecho



Ante actuaciones de Conatel en la entidad
Tras las acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Yaracuy y la consiguiente suspensión de transmisiones dea al menos 13 medios radiofónicos, la junta directiva seccional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alzó la voz por el respeto al marco legal, el respeto a la propiedad privada, bienes y equipos comisados, además del derecho al trabajo.

El secretario general del gremio en la entidad Pedro Bolaños, acompañado de José Luis Márquez y Alí Benavides, secretarios de Organización y Finanzas, respectivamente, indicó “nosotros, como periodistas y directivos del gremio, siempre hemos aplaudido y apoyado la iniciativa de apertura y consolidación de nuevos medios de comunicación, siempre y cuando sea en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que rigen la materia, así como vigilamos que la actuación de los profesionales se apegue a la Ley del Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética. Queremos que existan más y mejores medios de comunicación en Yaracuy”.

“El argumento de la comisión nacional es que las radios suspendidas cesen en sus transmisiones hasta que se ajusten al marco legal vigente; nosotros desde el CNP exigimos entonces que Conatel aplique, con celeridad, la revisión de la documentación pertinente para poder otorgar la licencia respectiva para el correcto funcionamiento de las emisoras que califiquen para la utilización del espectro radioeléctrico en Yaracuy y el país”, dijo.

Puntualmente, los directivos abogaron también por el derecho al trabajo de unas 40 personas afectadas hasta la fecha, entre personal administrativo, comunicadores y operativos.

Finalmente, desde el CNP Yaracuy, sus directivos recalcan la necesidad de cumplir con el marco legal vigente para la puesta en funcionamiento de nuevos medios de comunicación, así como apelan a la corresponsabilidad y objetividad de Conatel para que los trámites sean expeditos y promisorios y así evitar falsas expectativas, sanciones administrativas o medidas que afectan, generan zozobra y van en detrimento de los planes de inversión en la entidad.

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