Gobierno bolivariano exige
adecuación a productores
*** Esta zona Abrae, se encuentra
habitada por un total de 96 productores, quienes tienen siete meses con el
plazo de adecuación vencido.
El Gobierno bolivariano a través del
Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua, rechazó la denuncia
efectuada por los productores del sector Las Carmelitas, del municipio Nirgua
quienes aseguran se efectuó un desalojo arbitrario, por parte de representantes
del ejecutivo.
El director del Minea Yaracuy, Rafael Morales,
señaló que los espacios considerados como un Área bajo régimen de administración
especial (Abrae), se encuentran ocupados de manera ilegal por un
grupo de productores agrícolas, según lo establecido en el la Ley del Ambiente,
Ley de Agua, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario así como la Ley de
Bosques.
“De manera categórica desmentimos las
acusaciones realizadas sobre un presunto desalojo arbitrario por parte del
gobierno de Yaracuy, es una denuncia sin fundamento legal, y hacemos saber a la
opinión pública, que existe una medida cautelar estadal con fecha de agosto del
año 2016, en donde se aclara a los ocupantes que tienen el deber de adecuar su
estadía en beneficio del ambiente y de la colectividad yaracuyana”, explicó.
Plazo de adecuación vencido
Esta zona Abrae, se encuentra habitada por un total
de 96 productores, quienes tienen siete meses con el plazo de adecuación
vencido, según lo señalado en la ley orgánica de ordenamientos territoriales, y
hasta el momento no se han realizado los cambios solicitados.
El funcionario, indicó que las medidas tomadas
directamente por el Tribunal Agrario se encuentran apegadas al ordenamiento
jurídico, según lo establecido en la Ley del Ambiente que señala en su artículo 21, “las actividades susceptibles de degradar el
ambiente en forma no irreparable y que se consideren necesarias por cuanto
reporten beneficios económicos o sociales evidentes, sólo podrán ser
autorizados si se establecen garantías, procedimientos y normas para su
corrección. En el acto de autorización se establecerán las condiciones,
limitaciones y restricciones que sean pertinentes”, expresó.
“Nosotros como gobierno, debemos velar por la
conservación de nuestros espacios naturales, y en este sentido serán los
tribunales quienes determinen las sanciones pertinentes, de no cumplirse
con la medida establecida en los plazos pautados”, puntualizó el representante
del Minea Yaracuy.
Para finalizar, señaló que el estado como ente,
tiene como misión hacer cumplir el decreto 3. 203, medida respaldada por
la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Constitución Nacional y el Plan de
La Patria, ante el Tribunal Superior Agrario, en función de proteger y
conservar las fuentes naturales de producción y suministro de agua potable, que
llegan a la colectividad.
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