Duro golpe a la usura y a la especulación
*Más de 9 millones fueron decomisados en el la tienda de ropa “La Clave”, además de un lote de medicamentos.
Un duro golpe a la usura y a la especulación propinó la aplicación del decreto 4.040 al establecimiento comercial “La Clave”, ubicado en la quinta avenida de San Felipe, por la compra y venta ilegal de dinero.
La medida fue ejecutada por la procuradora del estado Yaracuy, Wilmary Velázquez, quien preside la Comisión estadal contra la usura y comercio ilegal de Ddnero, creada por el gobernador Julio León.
Destacó que tras varias denuncias de personas afectadas se direccionó un operativo a fin de verificar el delito, indicando que el dueño del comerció “La Clave” aceptó que compraba dinero efectivo con un incremento del 3 al 5 % y este era ofrecido a los clientes de la tienda con un porcentaje del 10 al 15 % a través de avances en efectivo. El propietario del local fue puesto a la orden del Ministerio Público.
Asimismo, la comisión que participó en el operativo evidenció un lote de medicamentos los cuales eran comprados por el propietario del comercio a la farmacia Siglo XXI, ubicada al lado de su negocio, revendiéndolos luego a precios exorbitantes, incurriendo así en otro delito.
Los funcionarios encabezados por la Procuradora general del estado decomisaron en el mencionado establecimiento más de 9 millones de bolívares, dinero que pasará a un fondo del Servicio de Abastecimiento del Estado Yaracuy, el mismo será direccionado a la compra de alimentos a precios justos que serán distribuidos de manera equitativa a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) a los habitantes de los 14 municipios.
Precisó que la mafia de compra y venta ilegal de dinero se ha convertido en una cadena en el estado Yaracuy; no obstante, desde la comisión recién creada, trabajarán para que ésta sea arrasada de manera contundente.
Velásquez aseguró que los delitos están tipificados en los artículos 58 y 59 de la Ley de Precios Justos, que contemplan sanciones de prisión de cinco a ocho años, sin beneficio alguno.
La Procuradora hizo el llamado a los comerciantes a no incurrir en este tipo de delito, toda vez que desde este momento se seguirán aplicando las medidas y sanciones pertinentes a fin de garantizar la estabilidad socioeconómica del pueblo yaracuyano.
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