Dip. Omar Ávila
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@OmarAvilaVzla
Con la ayuda de
“gobiernos amigos” Nicolás Maduro ha desarrollado este instrumento de identidad
paralelo, también llamado “Carnet Socialista”, dotado de QR o código de barras
de matriz que contiene la información en cuanto a localización de residencia,
centro donde la persona vota, ingresos, estado de salud, carga familiar y demás
datos importantes para el evidente control social, político, económico y
electoral de sus portadores.
Es el llamado Carnet
de la Patria,
concebido como el mecanismo de discriminación y control, mediante el cual el
gobierno se sirve para “reconocer” a los “verdaderos” patriotas fieles en aras
de garantizar votos cautivos a su favor. Quienes no lo poseen, quedan excluidos
de sus derechos y garantías constitucionales para acceder a medicamentos,
atención hospitalaria, acceso a subsidios, como el caso de las bolsas CLAP,
asignación de pensiones o los bonos compra-votos que se transfieren a quienes
posean este instrumento de dominación e identificación.
Sumado al hecho
político-electoral de la inscripción express del partido “Somos Venezuela”,
supuestamente constituido por todos los portadores de esa herramienta de
control social, político y económico.
Estas acciones constituyen
una violación permanente de los derechos humanos de los ciudadanos.
El gobierno de Maduro
ejecuta el despojo, tanto de la nacionalidad, como de su humanidad y
execra y condena sus opositores y a quienes no comulgan con su política
de mantenerse en el poder a toda costa, grupo que según encuestas, constituye
una mayoría ya que la gestión de Maduro tiene 75% de rechazo.
La declaratoria y
distintas prórrogas del estado de excepción y el carnet de la patria se
constituyen en una “guerra civil legal” contra su propia población, que le
permite la eliminación de todo derecho y garantía constitucional, no sólo a los
adversarios políticos, sino al sector mayoritario de ciudadanos que lo rechaza,
debido al desastre en que sumido a uno de los países con mayores potenciales
del hemisferio.
En general, los países
se dotan de leyes y gobiernos que garantizan la seguridad jurídica a sus ciudadanos,
mientras las empresas no requieren de controles feroces. Los gobiernos
totalitarios y dictatoriales incrementan sus mecanismos de dominio a medida que
se ponen de espaldas a sus pueblos y estos los rechazan.
El gobierno de Maduro
siente que el carnet de la
Patria es efectivo porque muchos ciudadanos lo han tramitado
y esperan que eso se traduzca en votos, el día de las elecciones presidenciales.
No obstante, y a pesar
de lo “efectivo” que puedan parecerle al gobierno venezolano, sus métodos de
control y dominación, la inflación, el no acceso a alimentos, ni medicamentos,
efectivo y demás necesidades básicas, mantienen al rojo vivo la crisis
humanitaria compleja.
Esta situación y
atrocidades en la que nos encontramos sumergidos, conlleva en consecuencia a la
reacción por parte de la comunidad internacional, a partir del derecho
internacional humanitario, de activar la obligación de proteger a nuestra
población que sufre hambruna, hiperinflación, y escasez crónica de cualquier
bien o servicio para su supervivencia.
Estamos frente a una
política de exclusión, discriminación y segregación, un Apartehid. Nos
parecemos a los peores momentos de la Suráfrica que Mandela liberó.
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