PRENSA ALCALDIA DE SAN FELIPE/12/12/2019. En aras de la conservación, mantenimiento y preservación del buen estado de la vialidad pública, este jueves a través de la activación del decreto 025 de la Gobernación de Yaracuy, que regula la presencia de trabajadores informales en el casco central de San Felipe, fue desplegado un operativo de seguridad para el ordenamiento de la ciudad.
El secretario general de gobierno regional, Juan Torrealba, dijo en rueda de prensa celebrada en la Alcaldía de San Felipe, que la activación de dicho decreto se debe a la petición hecha tanto a la alcaldía capitalina como a la gobernación por comerciantes establecidos a lo largo de la avenida Libertador o 5ta. Av., para que regulen la permanencia de buhoneros debido a que su abrumadora presencia crean un estado de caos en el libre tránsito peatonal e incluso el propio funcionamiento de los establecimientos se ve afectado.
-En ese sentido –explicó- que el Ggbernador del estado y el alcalde del municipio San Felipe han instruido para que el decreto 025 se cumpla a cabalidad y por eso hoy amanecieron desplegados los cuerpos de seguridad para hacer cumplir esa normativa.
Aclaró sin embargo, que los trabajadores informales no van a quedar desamparados, por cuanto estas personas pueden acudir a la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de San Felipe, donde serán atendidos, se les dará las instrucciones y se le revisará la permisología, porque deben tener un registro para poder trabajar.
Torrealba, quien estuvo acompañado de William Ochoa y Alnord Parada, director general y director de servicios públicos, respectivamente de la Alcaldía de San Felipe, destacó que los comerciante informales van a estar distribuidos en una zona donde los potenciales clientes puedan acudir fácilmente, pero que no será la 5ta. Av., sino en las calles colaterales, en este caso, desde la calle 11 hasta la 21, en el trayecto que va desde la Av. Libertador hasta la 2da. Av., distribución que está a cargo de Servicios Públicos.
Pidió a los comerciales informales que cumplan con la normativa establecida para que no generen situaciones de conflicto, porque “el gobierno está obligado a garantizar el derecho de comercializar a quienes están instalados, a quienes pagan sus impuestos y como éste es un gobierno para todos, debemos garantizar a todos el libre ejercicio de su trabajo”.
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