Fiscalizan más de 50 establecimientos comerciales en la capital yaracuyana

Prensa Cley 10/05/2022.- El Estado Mayor de Fiscalización y Control de Precios Justos del Edo. Yaracuy, continuó su despliegue en más de 50 establecimientos comerciales del municipio San Felipe, capital yaracuyana, donde se logró revisar facturas, permisología sanitaria, pago de impuestos, habladores, entre otros, así como también, la verificación de que los precios de los productos de la canasta básica alimentaria cumplan con el margen de ganancias del 30% establecido en la ley.

En el recorrido estuvieron, quienes conforman el Estado Mayor de Fiscalización; legisladores del parlamento yaracuyano, la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), El Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Ministerio de Comercio y funcionarios de Renta Municipal.

Ángel Gamarra, presidente del Estado Mayor de Fiscalización, expresó que los abordajes se estarán realizando de manera permanente, a través de comisiones especiales, que serán las encargadas de revisar de manera minuciosa los distintos locales comerciales hasta alcanzar la totalidad de esas inspecciones en cada uno de los municipios.

Además comentó que, hasta los momentos se han logrado fiscalizar más de 200 comercios que corresponden a los municipios Bruzual, Peña e Independencia.

Gamarra manifestó su preocupación, ya que han recibido múltiples denuncias, señalando que algunos comerciantes de manera indiscriminada e irresponsable, vienen aumentado los costos de los productos después del reciente aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro.

Al finalizar la jornada el equipo multidisciplinario cerró de manera temporal dos locales comerciales de la ciudad capital, por fallas técnicas de medición de los pesos electrónicos, incumplimiento de las normas sanitarias y falta de pagos tributarios.