“En Venezuela la crisis política, institucional, social y económica de la última década ha hecho que algunas desigualdades incrementen la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad; este hecho desencadenó en la población con discapacidad venezolana, un proceso de movilidad humana hacia los países de la región, donde 95.4% de las personas consultadas señalaron que migraron en por la búsqueda de mejorar la calidad de vida, seguida por 91% que persiguen superar la difícil situación económica del país y 45.5% aspira atender problemas de salud”. Señaló De Gouveia.
Asimismo recordó la importancia que revisten para las garantías de derechos humanos y las posibilidades de que las personas con discapacidad alcancen un nivel de vida adecuado en cualquier lugar en el que hayan decidido emprender su vida.
“Es importante que los migrantes venezolanos con discapacidad conozcan los programas dirigidos a esta población que aseguren una participación positiva y en iguales condiciones que las demás personas venezolanas migrantes en la región; por ello queremos recordar algunos Convenios Internacionales que protegen y velan por los derechos de esta población”.
Agregó que en América Latina y El Caribe la gran mayoría de los países ha adoptado la normativa en Derechos Humanos Universales, que, conjuntamente con las leyes nacionales, garantizan un marco general de protección de derechos sociales, económicos, políticos y culturales para todas las personas sin distinción de raza, etnia, sexo, edad, nacionalidad o discapacidad.
“Este sistema de derechos es el eje central de la lucha contra todas las formas de discriminación que, en todos los tratados y convenios internacionales de protección de derechos de las minorías poblacionales, se desarrollan para dar forma universal y específica a la protección de derechos en todas las situaciones y en todas las condiciones de vida de todas las personas por igual”.
Acotó que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en lo que respecta a movilidad humana o situación de migración de las personas con discapacidad, viene a reforzar lo establecido en la Declaración Universal de los DDHH, la cual establece que las personas con discapacidad se les reconocerá el derecho a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás.
Otros datos de interés que develó el citado estudio de investigación, señala que 7 de cada 10 personas con discapacidad o sus familias no conocen ningún tipo de medida para garantizar condiciones de trabajo dignas, razonables y justas.
Por otro lado, 7 de cada 10 migrantes venezolanos con discapacidad no cuentan con un documento de certificación de discapacidad, emitido por el Estado del país receptor. “Este instrumento contribuiría a asegurar la adecuada protección de todos sus derechos y los consecuentes ajustes razonables".
También, 13.6% de esta población se han sentido discriminadas en procesos de solicitud de empleos o en espacios de trabajo y 3 de cada 10 no conocen medidas para garantizar su derecho a la salud en los países receptores.
Finalmente, el Presidente de Consorven manifestó la importancia de recordar que todos los Estados de la Región, como firmantes de la CDPD, están comprometidos a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, así como tomar en cuenta todas las políticas y programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
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