El presidente de la
subcomisión de Recursos Naturales de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, aseveró
el pasado martes que la explotación del Arco Minero en el estado Bolívar generará
una devastación irreversible al ambiente.
“Alertamos a todo el país sobre la magnitud
del impacto a la naturaleza luego de la extracción de minerales como oro,
coltán, bauxita y diamantes en una zona tan frágil como es el macizo guayanés por
parte de la empresa Gold Reserve a la que se le revocó el permiso en el 2009
tras cometer desastres ecológicos”, dijo.
A juicio del parlamentario,
resulta paradójico que en abril el gobierno de Venezuela se constituyera como
uno de los 175 países firmantes del Acuerdo de París contra el Cambio
Climático, y luego anuncia no solo la activación, sino el desarrollo del octavo
motor económico para intentar superar la crisis.
Asimismo, mostró una gran
preocupación por la contaminación de los acuíferos con sustancias químicas.
“Aunque existe un Código
Internacional de Manejo de Cianuro (ICMC) que regula esta actividad, la compañía
canadiense no figura entre sus signatarios. Además, Venezuela cuenta con un
conjunto de instrumentos jurídicos para la gestión del mercurio, compuestos y desechos
cuya aplicación resulta dudosa ante la debilidad de los organismos encargados
de ponerlos en práctica”, señaló.
Manifestó que esta
actividad a cielo abierto amenaza con desaparecer alrededor de 40 pueblos
indígenas, y extinguir especies en la zona de mayor presencia de biodiversidad en
nuestro territorio.
“La tortuga Arrau y
el caimán del Orinoco están en inminente peligro, no habrá forma de resarcir
los daños ocasionados al ecosistema. Venezuela es uno de los países que aumentó
la tasa de deforestación de bosques, lo que incrementa el calentamiento global
y afecta las precipitaciones”, acotó.
Parra lamentó que
esta decisión inconsulta del ejecutivo comprometa la integridad y soberanía de
la nación.
“La generación de los
mapas para planificar la minería es una labor que por ley le corresponde al
Estado. Observamos que instituciones imprescindibles para el desarrollo
nacional, como el Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar, y el Instituto
Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN), han visto variar su adscripción y
reducir sus ya exiguos presupuestos. Frente a este vacío y la descapitalización
humana, el gobierno ha decidido entregar dicha actividad a empresas extranjeras,
violando flagrantemente nuestra Constitución”, enfatizó.
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