El gremio presentó un plan que combina medidas de contingencia inmediata para superar la burocracia actual con reformas legislativas de fondo que buscan agilizar los acuerdos contractuales en el paísNota de prensa/Caracas, 27/09/2026.— Tras un proceso de trabajo continuo iniciado en el año 2022, la Comisión de Registros y Notarías del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas presentó una propuesta técnica orientada a superar la crisis operativa del sistema registral venezolano. El proyecto abarca dos ejes estratégicos: una contingencia operativa de solución inmediata y un conjunto de reformas legislativas para dinamizar la función pública notarial y registral.
Durante una jornada de consulta gremial encabezada por la presidenta de la institución, Dra. Yvett Lugo, y el coordinador de la Mesa de Registros y Notarías del Colegio de Abogados, Dr. Emilio Bolívar, se formalizó la presentación del documento que busca transformar la Ley de Registros y Notarías vigente.
"En Venezuela no existe un verdadero sistema registral, sino un archivo de documentos desconectados e ineficientes", afirmó el Dr. Emilio Bolívar.
El diagnóstico gremial evidencia una profunda distorsión en la atención tanto a los ciudadanos como a los abogados. Según la comisión, los cambios implementados por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) en notarías y registros mercantiles bajo el argumento de la digitalización, no han corregido la ineficiencia ni la lentitud para autenticar un documento o registrar una empresa.
Asimismo, el gremio subrayó la necesidad de adaptar la legislación local a estándares internacionales, señalando que en diversos países de la región, los trámites inmobiliarios y mercantiles se realizan de forma totalmente digital, traduciéndose en procesos efectivos y con costos inferiores a las elevadas y poco eficientes tarifas cobradas en las oficinas del país.
Para frenar el impacto del deficiente funcionamiento del SAREN, la propuesta plantea -en primer lugar- cinco medidas correctivas de aplicación inmediata. Entre ellas destaca la revisión urgente del cálculo de la Planilla Única Bancaria (PUB) para desvincularla del Petro y la habilitación de un sistema de autocálculo transparente en el portal web. Igualmente, se exige la modernización de los medios de pago para admitir transferencias, criptomonedas y otros mecanismos electrónicos en sustitución de los cheques bancarios. El plan contempla además, delimitar la actuación de los revisores a los requisitos de forma sin opinar sobre el fondo del acuerdo entre las partes, asumir la Cédula Catastral como base única para calcular las tasas y brindar programas de capacitación continua al personal.
En el ámbito legislativo y estructural, el proyecto plantea una reestructuración profunda centrada en la separación funcional de competencias entre notarías públicas, registros inmobiliarios y mercantiles. Asimismo, propone establecer criterios estrictos de idoneidad ética y académica para la designación de registradores y notarios, evitando nombramientos por parcialidad política, y el restablecimiento de la fianza profesional obligatoria para que los funcionarios respondan patrimonialmente por fallas u omisiones negligentes.
Para fomentar el desarrollo empresarial, la propuesta plantea adaptar estándares internacionales que permitan la apertura rápida de acuerdos contractuales, eliminando la potestad discrecional de rechazar la constitución de empresas por supuesto "capital insuficiente" y fijando lapsos legales estrictos que sancionen las dilaciones injustificadas.
De forma complementaria, la Comisión insta al SAREN a crear el Instituto de Estudios Registrales para la formación técnica, gerencial y ética de sus funcionarios. Igualmente, exhorta a las escuelas de Derecho del país a incorporar la asignatura de Derecho Registral y Notarial en el pregrado e impulsar especializaciones de cuarto nivel tomando como referencia modelos universitarios de la región.
"Esta propuesta sistematiza los reclamos recurrentes del gremio y de la ciudadanía. De implementarse este paquete de medidas, Venezuela avanzaría hacia un modelo de gestión pública caracterizado por la transparencia, la simplificación de trámites y la certidumbre jurídica indispensable para el desarrollo económico", concluyó el Dr. Emilio Bolívar.
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