Weulliam Tovar, secretario general de Monagas,
destacó que el plan del gobierno, de apoderarse de alcaldías, gobernaciones y
sus policías no es nuevo. El régimen utiliza a funcionarios militares adscritos
Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), Guardia
Nacional y la Policía del estado Monagas, para allanar, perseguir y amedrentar
a la dirigencia política de oposición.
“Las persecuciones a Warner Jiménez y otros
dirigentes políticos del estado Monagas, constituyen una arremetida del
régimen, que sistemáticamente lo ha venido haciendo. Esta situación no escapa a
los acontecimientos nacionales contra factores elegidos soberanamente como los
casos de Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, y otros líderes nacionales como
Leopoldo López, Manuel Rosales, estudiantes e independientes”, dijo Tovar.
Agregó que tal acción de las fuerzas públicas, son
mecanismos de persecución implementados por el gobierno recurriendo este
régimen como terrorismo de estado, concretándose en una judicialización que
penaliza la actividad política, en clara y franca violación del Estado de
Derecho y principios básicos consagrados en un país democrático.
Transcurridos los días, se investiga cómo se monta
la patraña contra el Alcalde de Maturin, se detecta quién hace la denuncia: un
diputado suplente del Consejo Legislativo de nombre Edgar Martínez, miembro del
PSUV y ex funcionario del exalcalde José Maicavares.
Informó Weulliam Tovar que todos los presuntos
delitos que se le acarrean a Warner Jiménez por fondos provenientes del Consejo
Federal de gobierno, son desmontados por la Contraloría General de gobierno que
realizó una auditoría a la referida alcaldía de forma rigurosa, inclusive a los
fondos nacionales y no encontró ninguna anormalidad.
Asimismo aclaró que el informe de la Contraloría
General de la Republica y toda la documentación generada para administrar
esos fondos nacionales, fue entregada a Fiscalía 12 de Anticorrupción. “Este
episodio lo concretan el viernes 30 de septiembre con una decisión realizada
por la Cámara Municipal donde se autoproclama alcalde al concejal Wilfredo
Ordaz, presidente de la Cámara, violando la ley del poder público municipal,
destituyendo al alcalde encargado, Antonio Goncalves".
Destacó que para la fecha, no se sabe el argumento
por el cual se tomó tal decisión; los medios manejan diferentes versiones,
entre ellas, declaración de ausencia absoluta. Por otro lado, señalan que por
90 días, y otros porque a ellos “les da la gana de hacerlo”. En tal sentido,
Tovar manifestó que existe confusión en torno a esta decisión.
Por otro lado, los concejales de la unidad,
intentan localizar el acta para tener certeza de cuál fue el mecanismo basado
en la ley municipal para tomar tal decisión de apoderarse de la Alcaldía.
“Hasta ahora podemos decir que se le hizo una emboscada A la Mejor Maturín”.
En otro orden de ideas, Carlos Dordelly secretario
general de Unidad Visión Venezuela en Aragua, recordó que en el año 2012 en las
elecciones primarias, en el municipio Mario Briceño Iragorry, se demostró que
sus vecinos estaban dados a la tarea de renovar y democratizar sus espacios,
rescatarlo de tanta desidia y decidieron que fuese Delson Guarate el candidato
de la Mesa de la Unidad Democrática, para el año 2013.
“Una vez que los mariobricenses ratifican su
compromiso democrático y es electo alcalde Delson Guárate, inmediatamente el
Gobernador Tarek El Aissami decide colocar un alcalde paralelo, quitándole los
recursos y competencias al burgomaestre escogido por el pueblo. El mismo Modus
Operandi que hizo el ex presidente Chávez a los Gobernadores electos en el año
2008: sentencias de tribunales, contiendas jurídicas contra un burgomaestre que
no contaba con las herramientas para tan siquiera hacer lo más importante que
hace un alcalde como lo es la recolección de desechos sólidos”.
Asimismo señaló que a la fecha, van seis alcaldes
electos el 8 de diciembre de 2013 destituidos de sus cargos. Además, 26 de los
burgomaestres que hoy en día tienen acusaciones o juicios abiertos. Lo peor es
que financieramente todos están asfixiados, siendo los más afectados los
ciudadanos y los trabajadores de la alcaldía de Maturín, quienes no han
percibido sus salarios, producto de esta “arbitrariedad”.
Por último, Dordelly añadió que es por tal razón
que hoy “levantamos nuestra voz en rechazo contundente a ese golpe de estado
emanado del PSUV en contra de la voluntad de los mariobricenses.
Condenamos en la absoluto la violación a la Constitución y a la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal”.
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