El presidente de la
Subcomisión de Recursos Naturales de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra,
informó que la extracción de arena y granzón en el Valle del Río Turbio afecta
municipios de los estados Lara y Yaracuy.
“Es inaudito que un Área
Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) sea víctima de un presunto
ecocidio. Han destruido la capa vegetal, contaminado los acuíferos, y no solo
eso, sino que al principal afluente le han desviado su cauce y acercado hacia
la Ribereña, lo que ha trastocado sus bases y expone ante una vaguada”, dijo.
Destacó que los
municipios Peña, Iribarren y Palavecino, donde se realizan los saques, abarcan
unas 12.500 hectáreas de extensión.
“Usan maquinaria y
camiones de instituciones adscritas al gobierno. Según los denunciantes cada vehículo
pesado efectúa varios viajes al día, pero hay un detalle bien particular: todo
lo que se extrae y transporta lo comercializa un privado, ¿Quién es su
propietario?, ¿Quién le otorgó ese permiso?, ¿A dónde va ese dinero?”, expresó.
Durante la reunión de
la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático tomó
el derecho de palabra el parlamentario Daniel Antequera, quien con una serie de
argumentos expuso su preocupación por este caso.
“Hemos ido al
Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a solicitar información pero no hemos
recibido ningún tipo de respuesta. La actividad no está tributada. El Río
Turbio fue expropiado para supuestamente garantizar la soberanía alimentaria, y
de allí no se ha sacado ni una cesta de tomates, hay manos oscuras detrás de
todo esto”, indicó.
Por su parte, Raúl
Castillo, dueño de 2 haciendas ubicadas en la zona y perjudicado, aseguró que
la actividad carece de legalidad, e incumple con exigencias técnicas.
“Construyeron unas
vías de penetración que atraviesan mis fincas y las han convertido en un
basurero. Además algunos hasta se han aprovechado de la situación y construyeron
ranchos, quiero que esto se investigue y resuelva lo más pronto posible”, acotó.
Para esta semana se
tiene prevista una inspección al lugar con el propósito de constatar la
magnitud de los daños ocasionados al ambiente.
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