La mañana
de este martes, los miembros de la Junta Directiva del Sindicato Único de
Trabajadores de la Industria Eléctrica y sus similares de los estados Yaracuy y
Lara (Sutieseyl), afiliados a la Federación de los Trabajadores de la Industria
Eléctrica de Venezuela (Fetrelec), se hicieron presentes en la sede de la
Defensoría del Pueblo del estado Yaracuy, ubicada en la capital de esta
entidad, acompañados de un nutrido grupo de trabajadores, con el fin de consignar
un documento ante este organismo en la persona del Defensor delegado por la
región, Óscar Baquero, en el cual denuncian la violación de algunos de sus
derechos constitucionales y a su vez pidieron hacerlo llegar al Defensor del
Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, con el objeto que funga como mediador ante el
Ministro de Energía Eléctrica, Luis Alfredo Motta Domínguez, y el Ministro para
el Trabajo y Seguridad Social, Oswaldo Vera, para así ponerle punto y final a la discusión de la convención colectiva del sector eléctrico, que está afectando a
50 mil trabajadores; 38 mil activos y 12 mil jubilados y sus familias.
La información fue aportada por el
Secretario de Asuntos Colectivos y del Trabajo de Fetraelec, Esteban Alvarado, “estamos acá haciendo acto de presencia en la Defensoría del Pueblo del
estado Yaracuy, con el fin de formular la denuncia por la violación de derechos
constitucionales, garantías constitucionales como la preservación de la vida, de
igual manera por lo que tiene que ver con el principio de libertad sindical
dentro de sus tres instituciones; el derecho a la sindicación, el derecho a la
negociación colectiva…tenemos alrededor de un año discutiendo un proyecto de
convención colectiva y el Ejecutivo Nacional ha hecho silencio desde el 26 de
febrero que hicimos la última propuesta sobre el aspecto económico, 12 cláusulas
son las que faltan para firmar la
contratación colectiva, presentamos un pliego de carácter conflictivo para
activar los mecanismos establecidos en la ley, en la constitución y materia, el
ejercicio al derecho a huelga y se nos fue negado por parte de la Inspectoría
Nacional del Trabajo que es la que tiene competencia en materia; posteriormente
hicimos la debida apelación, en virtud que se produjo un documento en donde se
fundamenta en un aspecto que el reglamento según nuestro criterio no es el
instrumento jurídico para fundamentar la contestación por parte del Ministerio
del Trabajo, toda vez que como derecho laboral el mismo no está plasmado en la
nueva Ley del trabajo del 2012, y en consecuencia tiene que desaplicarse, no
puede pronunciarse el Estado con este instrumento jurídico toda vez que colinda
con la constitución y en consecuencia el acto está viciado en nulidad”.
Alvarado destacó que esta acción
se realizó en toda Venezuela, en cada una de las Defensorías del Pueblo, para posteriormente producir un
amparo constitucional por la violación al derecho a la protesta, por la
participación protagónica de los trabajadores y en consecuencia con todo lo que
tiene que ver con derechos humanos fundamentales ratificados por el país en los
convenios internacionales como en la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el derecho colectivo del trabajo.
“Tenemos cinco años con la
convención colectiva vencida, tenemos salarios que están por debajo del salario
mínimo nacional, tenemos una cláusula que actualiza el tabulador nuestro,
porque el mismo tiene un parámetro de multiplicación que es el 1.5 del salario
mínimo nacional que debería tener el tabulador y en consecuencia hasta los momentos
no se ha ajustado. Tenemos centros de trabajo que están cerrados por no reunir
las condiciones mínimas de ambiente para
el trabajo, de igual forma, tenemos cinco años sin recibir dotación de
uniformes del personal, los equipos, aquí hay prácticamente una parálisis, una
paralización técnica”, resaltó Alvarado.
Asimismo,
relató que en el sector eléctrico hay una situación muy dañina producto de la
militarización que desde hace algunos años se instaló con la Junta Interventora,
desde entonces manifestó ha existido un terrorismo, una persecución, un acoso con los
trabajadores, con la judicialización de las relaciones laborales. ”Nosotros tenemos
que trabajar con el SEBIN; con las instancias de seguridad dentro de las mismas
instalaciones y eso lo que hace es acrecentar los riesgos en vez de atenuarlos,
ya que es una situación bastante engorrosa para uno hacer una maniobra con esas
condiciones y con un acoso que perturba la paz que debería existir en los
centros de trabajo”.
Prosiguió
Alvarado diciendo que en el caso de Yaracuy, han tenido 33 asambleas de
carácter permanente, informándoles a los colectivos sobre esta situación. “Simple
y llanamente nosotros lo que queremos es mejorar las condiciones laborales porque
el salario es insuficiente, ya que la guerra económica y la situación del país
nos come el patrimonio que devenganmos”.
También, el Secretario de Asuntos
Colectivos y del Trabajo de Fetraelec, Esteban Alvarado, reveló que Corpoelec
no paga los gastos de traslado, teniendo los trabajadores que cubrirlos en la
mayoría de los casos.
“La línea El Tablazo tuvo 11
disparos como consecuencia de no hacerse el mantenimiento preventivo, porque no
tenemos vehículos ni insumos y de paso el trabajador tiene que cubrir los
gastos del viaje con el poco salario que percibe. Nosotros no podemos seguir
financiando a la empresa”, subrayó Alvarado.
El
documento con sus soportes fue recibido por una de las defensoras auxiliares adscritas a
esta institución, Magda Ode, quien a su vez sostuvo un encuentro con los trabajadores
con el fin de escuchar los argumentos que estos presentaron.
Exigen liberación de sus compañeros
Alvarado en nombre del resto de sus compañeros exigió
la liberación de los trabajadores que fueron acusados de sabotaje en cadena
nacional por el Ministro Motta Domínguez. “Lamentamos que aquí se viole el
debido proceso, ya que se hace el anuncio de la misma y no se le activa el
debido proceso a los trabajadores. Tenemos cinco trabajadores de los 12 con
privativa de libertad, tenemos los informes técnicos de lo que ocurrió allí y
no hubo ningún tipo de elemento probatorio que determine que los trabajadores
son responsables de esta situación, por lo tanto, exigimos la puesta en
libertad de los trabajadores"
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