El secretario general nacional de Unidad Visión
Venezuela, Omar Ávila, fijó posición el pasado viernes acerca del reciente
aumento de la Unidad Tributaria y del incremento del bono alimentación
decretado por el presidente Nicolás Maduro y las repercusiones que esto trae
para los venezolanos.
“Queremos insistir en que con este modelo económico del gobierno, los sueldos siguen subiendo por las escaleras y la inflación por el ascensor. Solo en esta revolución los trabajadores le temen a los aumentos de sueldo”. Dijo Ávila.
Lamentó que el poder adquisitivo de los venezolanos
cada vez sea menor, a su juicio, la hambruna crece junto al desempleo y con
este se reafirma la destrucción del aparato productivo.
Ante todo esto es que urge ese cambio de gobierno
en lo inmediato. “Actualmente a los venezolanos si no nos mata el hambre, nos mata la
inseguridad o la falta de medicinas en esta Patria de Bolívar; bajo el mando
del hijo de Chávez y su legado, nos convirtió en el país más pobre de
Latinoamérica”.
Señaló que con el incremento del cestatickets a
3.600 bolívares diarios, es difícil hacer aunque sea una comida.
Recalcó que la indolencia del gobierno es tan
grande que sobre pasa cualquier límite, en tal sentido cuestionó que el régimen
haya aprobado casi 700 millones de bolívares para hacer una fiesta de carnaval
en Caracas, mientras que niega el bono de alimentación para jubilados y
pensionados, “quienes se debaten entre comprar comida o medicinas con el sueldo de
la pensión”.
En ese particular señaló que los productos cuestan
cinco veces más porque son importados, mientras la Unidad Tributaria aumentó
70%, los sueldos se mantienen igual, situación que hace que el poder
adquisitivo sea cada vez menor.
“Venezuela es un país con más de 50% de
desnutrición infantil, de deserción escolar, más del 80% de pobreza como
resultado del modelo económico que nos ha llevado a esta crisis”.
Por ello consideró que se deben tomar medidas
efectivas para estabilizar la economía en el país. “Primero que nada se debe
unificar la tasa cambiaria y reactivar la producción nacional” pues alegó que
no se puede seguir comprando productos importados que le cuestan cinco veces
más a los venezolanos.
Al ser interrogado sobre el reciente anuncio del
primer mandatario de incluir en la mesa de diálogo a la Iglesia y los medios
influyentes, Ávila dijo que con tal acción, ahora el gobierno pretende dividir
a la Iglesia y retrasar el proceso electoral. “El gobierno ha ido incluyendo a
distintos factores a cuenta gotas para darle larga a su proyecto”.
La MUD y su reestructuración
El secretario nacional de Unidad Visión Venezuela,
manifestó que luego de 16 meses, la Mesa de Unidad Democrática se reunió en
plenaria para acordar su reestructuración y las medidas que adoptará la
coalición de partidos para enfrentar al gobierno nacional.
Desde hace varias semanas la organización política
que dirige presentó 16 puntos para la reestructuración de la MUD, de los cuales
solo han aceptado la mitad. Acotó que no está de acuerdo con el voto ponderado
que impusieron algunos partidos, pues a su juicio, no está explícita la
metodología empleada para la toma de decisiones dentro del núcleo de la MUD.
“Falta de estrategia y de coherencia. Tiene que
haber una política unitaria de gobierno de nuestros alcaldes y gobernadores,
falta unificar criterios para poder avanzar”.
En cuanto a la legalización de los partidos ante el
Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestó que las organizaciones políticas no
deben acudir a ese proceso que tildó de “ilegal e inconstitucional”.
“Tenemos la tarjeta de la MUD y con ella deberíamos
ir a los próximos comicios que están en mora, aceptando el proceso de
validación, estaríamos dando más chance al gobierno”.
A parte de lo “ilegal e inconstitucional” Ávila
señaló que los tiempos son muy cortos y los costos para validar los partidos
muy elevados. En ese particular cuestionó que de dónde van a sacar entre 50.000
y 100.000 dólares estas organizaciones que le siguen el juego al gobierno, para
cubrir la logística y movilización.
Finalmente anunció que van a dar la pelea ante los
organismos nacionales e internacionales. “Vamos a ir al CNE para meter la
reconsideración y que cumplan con la ley; también iremos la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para alzar nuestra voz,
pues nos están violando nuestro derecho humano de elegir y ser
elegidos a través del voto, que es el camino que nos está cerrando el
gobierno”.
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