A
juicio del presidente del Consejo Legislativo del estado Yaracuy, Henrys
Mogollón, la Ley de precios acordados tendría éxito en la medida en que todas
las partes organizadas se involucren y se supervise la cadena de distribución
de los productos, toda vez que desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y
el gobierno nacional se presenta una estructura de costos de al menos 50
productos de primera necesidad.
Agregó que para garantizar que los productos lleguen al consumidor
con los precios acordados, es necesario “meter la lupa” en cada una de las
fases de la distribución, que es donde existe el mayor riesgo de que los
productos se desvíen hacia otros países, pues no se trata de un problema de
escasez sino de acaparamiento y contrabando.
El legislador fue enfático al detallar que tampoco se puede hablar
de inflación por malas políticas gubernamentales sino de una arremetida de
quienes promueven esta guerra contra el pueblo, pues quienes dominan la
producción, dominan también la distribución y el precio, y en esto prevalecen
los grandes consorcios y empresas privadas.
De igual forma señaló que mientras más relación directa y cercana
hay entre las empresas y los distribuidores, más responsabilidad recae sobre
estos sobre la seguridad de que los productos lleguen sin falta a su destino.
Explicó que los Consejos Locales de Planificación y Abastecimiento
(CLAP) representan un eslabón menos directo, y muy abajo en la cadena de
distribución, lo que representa una contradicción pues esta instancia es la más
allegada con las comunidades y los consejos comunales, lo ideal sería reducir
tantos intermediarios.
Agregó que los Clap deberían contar con mayor reconocimiento de
rango valor y fuerza, para velar por un mejor acceso del pueblo a los productos
con precios racionales, para así lograr abastecimiento seguro y mayor disfrute
de los salarios reales, todo dirigido a coadyuvar a las familias ante el embate
de la crisis inducida por la oposición.
Mogollón explicó que esta Ley promovida desde la ANC, pone en la
mesa de acuerdos, una estructura de costos de al menos 50 productos de primera
necesidad, y en esto es vital, la intervención de la comunidad organizada, así
como de los alcaldes y gobernadores, estos últimos, haciendo valer sus
funciones como protectores del pueblo ante los autores de la guerra económica
que gradualmente incrementan sus arremetidas.
“El pueblo no puede continuar desprotegido, y para eso nuestros
constituyentes electos, con el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal Tareck
William Saab, han sumado esfuerzos en la guerra contra la corrupción, solo así,
saldremos airosos de todos los embates de esta asfixia económica que promueve
la oposición apostando a un colapso total”.
Dijo además que es necesario detectar, los focos desde donde son
desviados los productos, y donde se alzan los precios especulativos,
manipulados por monopolios, que afectan grandemente al consumidor, si se atacan
estos flagelos, se estaría brindando una protección al salario de los
trabajadores y por ende mejoría su calidad de vida, atacando así el problema de
fondo.
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