El
Colegio Nacional de Periodistas, órgano gremial que, por ley, es
garante y custodio de la Libertad de Expresión en Venezuela, mediante su
Junta Directiva Nacional, condena firmemente la suspensión de los
servicios de DirecTV, principal proveedor de televisión por cable del
país, lo que constituye un fuerte golpe al derecho de los venezolanos a
la libre circulación de ideas, de información y de contenidos de
entretenimiento, en un momento en que la gente debe permanecer en sus
casas a causa de la cuarentena por la covid-19.
Con
2,5 millones de suscriptores, DirecTV daba servicio a unos 10 millones
de espectadores en todo el país, para quienes la televisión por cable
era la única vía de información que tenía. El CNP lamenta que la
administración de Nicolás Maduro, que controla la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, no haya sido capaz de ceder o acordar con la empresa
una medida sensata ante las exigencias externas que pesaban sobre esta;
por el contrario, Conatel prefirió exigir a la empresa el cumplimiento
íntegro del artículo 11 de la Ley de Resorte-Me antes que el mal mayor:
que una buena parte de la población se quedara sin el servicio, que
también era usado para acceder a la radio. En muchos casos, y en el
corto plazo, para dos de cada cinco venezolanos les será imposible
emigrar a las otras proveedoras de televisión por cable ni tampoco
podrán volver a la de señal abierta, puesto que los equipos de pantalla
plana no permiten el uso de antenas de bigotes ni sustitutos. Hemos de
recordar que los problemas de conexión a la Internet y las fallas en el
servicio eléctrico, atribuibles a la pérdida de órbita del satélite
Venansat Simón Bolívar y la desinversión pública y privada, y que
continuamente impactan a la población son parte del panorama
comunicacional sombrío del venezolano. El Estado está obligado a
RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR el acceso de la población a la
información, por lo que una actitud responsable de este era permitir que
la gente siguiera viendo el resto de los canales de DirecTV mientras se
dilucidaban con la OFAC los problemas legales de Globovisión y de PDVSA
TV que se les atribuyen en Estados Unidos. Ese «todo o nada» es una
actitud perniciosa que termina por hundir a Venezuela en el oscurantismo
y la desconecta y atrasa más aún con respecto a las demás naciones
latinoamericanas.
No
menos importante a lo ya planteado es el hecho de que el cierre de
DirecTV produce la pérdida de 630 puestos de trabajo directo, con varias
decenas de comunicadores sociales entre ellos, y de
2/2
2.500
indirectos, lo que pone en vilo a cientos de familias en un momento de
acentuación de la crisis económica que veníamos sufriendo y que se
profundizó aun más con la cuarentena.
El
Colegio Nacional de Periodistas ha denunciado que CONATEL anteponga
intereses políticos a su condición de órgano técnico en la regulación y
administración del espacio radioeléctrico en el país, tal como lo ha
demostrado su actitud al acosar, perseguir y amenazar con cierres
programas de opinión e información, estaciones de radio y televisión,
tanto nacionales como internacionales, de la que hemos sido testigos
desde el cierre de RCTV en 2007 hasta hoy en día. No obstante, este
último hecho aludido ha palidecido ante la intransigencia de la
administración de Nicolás Maduro al permitir irresponsablemente que una
buena parte de la población de Venezuela se quedara sin señal de
televisión por cable, con las acciones que permitieron el cierre de
DirecTV en el país, que contribuye a vulnerar una vez más la libre
expresión y al acceso a la información, consagrados en nuestra
constitución y que forman parte de los Derechos Humanos, que son
irrenunciables y fundamentales para el desarrollo de la población.
Junta Directiva Nacional
Colegio Nacional de Periodistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario