La periodista Rosa Virginia
Garrido acudió el pasado lunes 10 de abril del año en curso a la Fiscalía del Ministerio Público para denunciar
agresiones físicas y robo de su celular por parte de
funcionarios de la policía del estado Yaracuy.
“El viernes 31 de marzo un
funcionario policial intentó arrebatarme mi teléfono, -que es mi único
instrumento de trabajo-, en el instante en que grababa la injusta y arbitraria
detención de un anciano en la Plaza Teófilo Domínguez de San Felipe. También, el
pasado sábado 8 de abril otro funcionario identificado como Muñoz J. me robó mi
teléfono, abusó de su fuerza y me causó lesiones en el brazo izquierdo cuando
me llevaba detenida mientras daba cobertura a la
marcha de los factores democráticos que se dirigía a la Defensoría del Pueblo”,
explicó.
Garrido, quien también es
miembro de la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas
(CNP), rechazó las declaraciones del Gobernador del estado, Julio León, quien
la señala como una activista política.
“Gobernador, el ejercicio
del periodismo no es una concesión de las autoridades, es un derecho
inalienable del pueblo, y por ende, nadie puede restringir, negar o impedir que
estemos en la calle. Usted está equivocado, tiene muy mal cazada esta pelea. Su
lucha debe ser contra el hambre, para que dejemos de ver gente a partir de las
7 de la noche en la quinta avenida hurgando en la basura; su lucha debe ser contra la
inseguridad: Gobernador yo vivo en Guama y en Guama ya no se puede vivir. Su
lucha debe ser contra la falta de medicinas que tanto necesita el pueblo; no
contra una mujer, periodista y además yaracuyana a la que usted debe
garantizarle su seguridad mientras ejerce su trabajo”, dijo.
Por último, la profesional
de la comunicación responsabilizó al primer mandatario regional de todo lo que
pueda ocurrirle a partir de este momento.
“Temo por mi vida ya que en
8 días he sido víctima de dos ataques por efectivos de seguridad del estado y
ambos con un mismo objetivo: impedir que registre los hechos. Informar no es un
delito, salvo en regímenes dictatoriales, esto es muy grave y delicado; por eso
solicito a las autoridades competentes iniciar las respectivas averiguaciones y
determinar responsabilidades”, indicó.
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