Diputada Neidy Rosal exige a la Fiscalía y Defensoría protección para los ciudadanos carabobeños

Solicitó acción del Poder Moral Republicano ante aplicación  de jurisdicción militar a civiles 

La jefa de la Fracción Parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y miembro del grupo parlamentario de Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), Neidy Rosal interpuso este jueves ante la Fiscalia General de la Republica y la Defensoría del Pueblo en Caracas denuncia formal en contra de la violación flagrante de los derechos humanos a civiles que están siendo juzgados en Jurisdicción Militar.

La parlamentaria, asistida por los abogados José Gregorio Silva, Iván Paredes Calderón y José Antonio Reyes Flores, exigió tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo protección para los ciudadanos carabobeños que están siendo juzgados en tribunales militares, violentando flagrantemente la constitución nacional, específicamente en sus artículos 49 y 51, referidos al debido proceso y al derecho a ser juzgados por jueces naturales.

Del mismo modo, pidió a la Fiscalía General de la República y  al Defensor del Pueblo, como presidente del Consejo Moral Republicano, órgano rector del Poder Ciudadano que garantice la buena marcha del sistema de administración de justicia, y por ende, ajustado al debido proceso, se suspendan cualquier juicio que esté en marcha de civiles en jurisdicción militar, remitiendo las actuaciones a los tribunales ordinarios y se anule cualquier sentencia dictada por tribunales militares manifiestamente incompetentes.

También solicitamos –dijo Rosal- que se instruya a los fiscales del Ministerio Público, para que soliciten la declinatoria de competencia de las causas que se ventilen en tribunales militares a la jurisdicción ordinaria.

La diputada exige a la fiscal general que se ordenen las acciones necesarias contra los funcionarios públicos que aúpan la violación de Derechos Humanos, así como a los que ordenan el traslado de civiles detenidos a tribunales militares en las distintas regiones, en especial, el Core 2 en Carabobo.

Del mismo modo, le solicitó al Defensor del Pueblo que interponga de ser necesario, demanda por protección a la ciudadanía, a los fines de que los órganos que lesionan los derechos humanos, cesen de inmediato en su conducta.

“Lo que se busca, no es solo que la Fiscal se pronuncie con respecto a la jurisdicción militar que se está aplicando a los civiles, también la protección de los ciudadanos, que pudieran o no haber incurrido en delitos, que sean juzgados por sus jueces naturales. La jurisprudencia internacional con respecto a derechos humanos establece que un civil solo pueden ser juzgado por tribunales civiles”, destaco la diputada.

Se solicitan dos cosas: la declinatoria de incompetencia de los tribunales militares y que el Poder moral solicite inicio de procedimientos contra las autoridades que estén afectando estos derechos constitucionales. 

“Exijo al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que garanticen de manera inmediata la protección de los ciudadanos”. 

Adjunto enviamos los documentos introducidos antes el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y los mismos luego de haber sido recibidos.