Dip. Omar Ávila
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@OmarAvilaVzla
La violación
permanente y sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno
de Venezuela ha generado una difícil situación para la región. La diáspora
venezolana expresada en la migración masiva y creciente de miles de
conciudadanos que huyen a Colombia, Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina,
Chile, así como a Curazao y Aruba; incluso naciones europeas como España, entre
otros, se ha convertido en un verdadero problema para esas naciones.
La Agencia de la Organización
de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exhortó a los países de la
región a ser solidarios con los migrantes venezolanos. El 8 de marzo el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados instó a los países
integrantes de la ONU
a garantizar mecanismos de protección que permitan la estadía legal de los
migrantes y orientar sus políticas a estándares mínimos de protección de
legalidad, accesibilidad, acceso a servicios básicos y garantías de no retorno,
independientemente de la fecha de entrada al país de acogida.
Si bien el exhorto no
es vinculante para esos países, tampoco significa que esos miles de venezolanos
tengan -aún- la condición de refugiados. No obstante, esos organismos
internacionales se han pronunciado ante la generación de situaciones como
discriminación, xenofobia y criminalización hacia los venezolanos en varios
países a donde han ido huyendo de la crisis humanitaria. El contexto
internacional está al tanto del difícil acceso a la alimentación, la
hiperinflación, inseguridad y la persecución política, como política de Estado
por parte del gobierno venezolano.
Por su parte, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado. El 14 de marzo publicó la
resolución 2/18 sobre migración forzada. En cuya resolución la CIDH
calificó el éxodo de los venezolanos como una “grave y compleja crisis de
migración forzada” y señaló que tiene que ver con la violación sistemática de derechos
humanos por parte del Estado venezolano. Manifestando en dicho texto:
“La CIDH considera que las
violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis
alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la
escasez de alimentos y medicamentos, han conllevado al crecimiento exponencial
de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar
hacia a otros países de la región en los últimos años, como una estrategia de
supervivencia que les permita a ellas y sus familias preservar derechos tales
como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y la
alimentación, entre otros”.
Al respecto, la Carta de Naciones Unidas
establece que los Estados miembros, tiene la obligación de proteger y
garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. La Constitución Bolivariana
de Venezuela, en su artículo 2, dispone: “Venezuela se constituye en un
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político.”
Así, y en consonancia
con la Carta Magna,
las Naciones Unidas, durante la celebración de su Cumbre Mundial del año
2005, instituyó una nueva dimensión en el derecho internacional público y
del derecho internacional humanitario aplicable a nivel global: la
responsabilidad de proteger. Produciéndose un cambio evolutivo en postura
frente al concepto de soberanía de los Estados. Desde la “no interferencia” a
la “no indiferencia” de la Comunidad
Internacional, introduciendo a la carta la doctrina de la
responsabilidad de proteger a partir de las garantías y protección a los
derechos humanos. Bajo el principio, que si el Estado Nacional, no puede
garantizar o violenta como política de Estado, esos universales, inalienables y
progresivos derechos y garantías a su población, la Comunidad Internacional
debe responder, e ineludiblemente, en forma escalada.
Cuando el gobierno
venezolano violenta éstos y otros convenios internacionales válidamente
suscritos, se hace directamente responsable de las dificultades por las que
atraviesan sus ciudadanos que han huido al exterior, víctimas sin alternativas
de una migración forzada; así como también es el causante de las situaciones
que se generan en los países receptores de los venezolanos que huyen de
nuestra, e inducida, crisis humanitaria.
La violación
sistemática a los derechos humanos en Venezuela se ha convertido en una
política de Estado. Mientras… el éxodo continúa, y el sufrimiento general se
profundiza.
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