Según estudio realizado en Venezuela
“La salud sexual y reproductiva es un derecho humano que debe ser consagrado en igualdad de condiciones, y está amparado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde además el Estado se compromete a garantizar la asistencia y protección en materia de salud de la maternidad, desde la concepción hasta el puerperio, incluyendo servicios de planificación familiar”, señaló Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven.
Destacó -según los datos obtenidos- que 54,3% de las mujeres con discapacidad que participaron en el estudio, manifestaron que no cuentan con los recursos económicos para acceder a servicios de salud ginecológica y a la realización de estudios o exámenes de mamas.
“Estas cifras nos permiten deducir que 1 de cada 10 mujeres con discapacidad no acceden a los servicios de ginecología, y 6 de cada 10 no pueden practicarse
exámenes de mamas”.
A juicio de De Gouveia, esto implica no sólo un riesgo de salud directo por no poder acceder a estos servicios ante una dolencia sobrevenida, sino también de forma indirecta, al no poder sostener procedimientos de salud preventiva, que vendrían a resguardar a las mujeres con discapacidad de enfermedades como el cáncer de mamas o de cuello uterino, ubicados como las principales causas de muerte de las mujeres en Venezuela, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Frente al panorama de dificultades económicas que describen las propias mujeres con discapacidad, 7 de cada 10 indican que deben acudir a servicios de salud privada para poder tratar su salud ginecológica y para la realización de estudios o exámenes de mamas, lo que viene a corroborar el declive de los centros de salud pública y la exclusión de las personas más vulnerables para poder acceder a la salud”.
En cuanto al acceso a métodos anticonceptivos, se pudo determinar que 3 de cada 10 mujeres con discapacidad no lo aplican y 5 de cada 10, indicaron que no saben qué responder a la pregunta relativa al uso actual de métodos anticonceptivos, lo que refleja el desconocimiento sobre el tema.
“Apoyado en las respuestas, todo parece indicar la demanda de anticoncepción de estas mujeres y la desinformación que poseen sobre el tema; de hecho, 67,3% de las mujeres con discapacidad indicaron que tienen 3 años o más sin emplear métodos anticonceptivos, situación que implica una alta demanda de anticoncepción de las mujeres y un riesgo elevado ante embarazos no deseados, así como la exposición a infecciones de transmisión sexual”.
El presidente de Cosorven, agregó que entre las mujeres entrevistadas que han estado o están embarazadas, 8,1% no pudieron asistir de forma regular al control prenatal durante el embarazo, y de este grupo, 44,2% no pudieron hacerlo por razones económicas.
Por lo antes expuesto, con base al marco legal venezolano y en concordancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Consorven realizó ciertas recomendaciones para garantizar a las mujeres con discapacidad su derecho a la salud sexual y reproductiva.
“Es deber del Estado hacer cumplir los acuerdos reconocidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Venezuela es firmante, en tanto se asume que las mujeres con discapacidad enfrentan una doble vulnerabilidad ante temas de salud sexual y reproductiva, salud de las mamas y métodos anticonceptivos, así como respetar el artículo 20 de la Constitución Nacional, para que se garantice el libre desenvolvimiento de la personalidad y el artículo 76 que reconoce la protección de las madres y padres”.
De Gouveia aseveró que igualmente se debe seguir las recomendaciones expresadas por Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se consagran y reconocen los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres.
Igualmente mencionó la importancia de realizar jornadas de sensibilización y formación en temas de salud sexual y reproductiva, salud de las mamas y métodos anticonceptivos con ajustes razonables para mujeres con discapacidad.
“El Estado debe promover campañas en formatos accesibles que incluya información en sistema Braille, apoyo con intérpretes en Lengua de Señas Venezolana, macrotipo y leguaje sencillo, para brindar un servicio inclusivo a las mujeres con discapacidad en centros de salud”. Concluyó Juan Ángel De Gouveia.
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