Ángel Gamarra, presidente del Cley, manifestó que, las leyes se deben adaptar a los nuevos tiempos para el impulso y desarrollado de las entidades, a esos elementos, subrayó que FONTRAPEY ya no era pertinente para el Estado, puesto que ya existen otros mecanismos de financiamiento en cuanto al transporte público.
De igual manera, indicó que, a las disposiciones que en el marco de la filosofía organizativa racional y menos burocrática se establecen en el ordenamiento jurídico de la entidad, se pretende buscar una estructura administrativa eficaz y adaptable al servicio del sector automotriz en la entidad.
Gamarra, puntualizó que, el instrumento jurídico establece una autorización expresa para que el Ejecutivo regional cree conforme a la potestad organizativa regulada en la Constitución del Estado Yaracuy y la Ley de la Administración Pública del Estado Yaracuy, un organismo en el área, pudiendo tener carácter desconcentrado o descentralizado que garantice el logro de los objetivos y metas que en materia de transporte público se desarrollen.
La supresión de ley conformada de 10 artículos, procura que la planificación de las políticas y programas en el sector automotriz público, se gestionen y ejecuten de manera uniforme, a través de los organismos de gestión que se creen a tal efecto, así como se garantice el máximo de coordinación y cooperación con otros organismos nacionales y municipales.
La plenaria, estuvo encabezada por Ángel Gamarra, vicepresidenta Nelby Galíndez, Ányela Rangel, Shirley Romero, Víctor Patrizzi, Deibi Ocanto, Héctor Martínez, Jorge García y Ricardo Mendoza, quienes dieron aprobación de manera unánime a la derogación de la referida ley.
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