Además se presentaron 3 mil 014 acusaciones
(Caracas,
21 de abril de 2016) El Ministerio Público
imputó a 6 mil 350 personas, además se presentaron 3 mil 14 acusaciones
en materia de Protección Integral de la Familia durante el primer trimestre de
2016.
Así
lo dio a conocer la directora de Protección Integral de la Familia de la
institución, Luz Marysol Florez, a través
del programa de radio “En Sintonía con el
Ministerio Público”, transmitido este jueves 21 de abril por Radio Nacional de
Venezuela.
Florez subrayó que en ese mismo período
resultaron condenadas y/o sancionadas 1 mil 508 personas por estar incursas en
delitos tipificados en la Ley
Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dijo que la
dependencia que dirige cuenta con 149 fiscalías a escala nacional, las cuales
están plenamente dispuestas y capacitadas para ofrecer una respuesta oportuna a
cada caso.
Asimismo, indicó que
manejan tres áreas de competencia: Penal Ordinario (cuando los niños, niñas y
adolescentes son víctimas); Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes; y
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.
La directora puntualizó que en la
primera área se registró un ingreso de 11 mil 777 causas, de las cuales
fueron resueltas 10 mil 433; mientras que en la tercera se contabilizaron
12 mil 867 asuntos y un egreso de 12 mil 961 causas, en ese mismo lapso.
En otro tema, Florez aprovechó la oportunidad para destacar lo necesario de la
conciliación, en aras de coadyuvar con el descongestionamiento del sistema
penal venezolano, pues al solventar los conflictos familiares que presenten los
solicitantes se evita la judicialización del caso y, a su vez, se impulsa la
sana convivencia en el entorno de los niños y adolescentes. En el primer
trimestre del año se lograron 5 mil 414 conciliaciones.
Manutención como deber primordial
Por su parte, el
subdirector de Protección
Integral de la Familia del Ministerio Público, Pedro Meléndez, detalló que la
obligación de la manutención es una institución familiar que debe garantizar un
nivel adecuado de vida para el niño, cuya responsabilidad recae sobre el padre
o la madre que no conviva con este.
Explicó a través del referido espacio
radial, que existen formas de hacer efectivo este derecho como es el caso de la
conciliación, sin embargo, si no se obtiene por esa vía se procede a dar parte
a los tribunales de protección de menores con una demanda emanada por parte del
Ministerio Público.
“Todo niño, niña y adolescente tienen
derecho al vestido, la recreación, la educación y todo lo demás que se requiera
para su óptimo desarrollo” añadió.
Educar a los niños para formar
ciudadanos sanos
Respecto a la labor preventiva en la
referida materia, Florez manifestó que
estas acciones son necesarias y de carácter formativo, por lo que la
dependencia que dirige cuenta con un área social que se encarga de articular
esfuerzos con otros organismos del Estado para brindar talleres,
conversatorios, charlas y jornadas de difusión enmarcadas en la ley que rige
esta materia.
Detalló que se efectuaron 38
actividades sobre el tema de la violencia escolar, a través de las cuales se
ofrecieron herramientas a los asistentes para que sepan cuando se está frente a
situaciones de agresiones físicas (destrucción de pertenencias, empujones,
golpes), psicológicas (conductas encaminadas a atacar la autoestima de los
demás), así como la intimidación cibernética (usos de las redes sociales para
ejercer un daño moral en la persona).
Florez hizo un llamado a quienes hacen vida
en los centros educativos para que estén concientes de cuáles son las conductas
y sus repercusiones en la estabilidad emocional de otros, así como a que
aprendan a detectar en los estudiantes comportamientos errados para corregirlas
a tiempo y así evitar la comisión de algún hecho punible.
Destacó que es importante promover el
respeto, la tolerancia y la solidaridad en el ámbito escolar, al tiempo que
agregó que la citada ley establece que la educación y la crianza deben basarse
en amor, afecto, comprensión mutua, buen trato y respeto.
Bajo esta premisa destacó que las
instituciones del Estado deben impulsar políticas orientadas al desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes.
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