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| Foto cortesía. |
La fiscal dijo que
se está evaluando la viabilidad de órdenes de captura
(Caracas, 11 de abril de
2016) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fueron
designados los fiscales nacionales 4°, 51° 73° y 74°, Ana Isabel Hernández,
Marijose Frutillé, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, para investigar
el caso de los Papeles de Panamá.
A través de dichos
documentos se conoció cómo una firma de abogados en ese país ayudó a clientes a
lavar dinero y evadir impuestos.
En ese sentido, adelantó que en Venezuela se inició una investigación a partir
de un “legajo de asuntos” que consignó hace una semana el director de la
Dirección General de Contrainteligencia Militar, general Iván Hernández.
"Estamos verificando la viabilidad de órdenes de captura contra las personas que aparecen allí señaladas", expresó.
La información la dio a conocer este lunes 11 de abril en el programa “Vladimir
a la 1”, transmitido por Globovisión, espacio en el que informó que en relación
con este caso se tomarán medidas como la congelación de cuentas bancarias, la
prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, entre otras.
Durante el programa, Ortega Díaz también ofreció un balance en materia contra
la corrupción, por lo que indicó que en el primer trimestre del año el
Ministerio Público inició 1 mil 491 investigaciones, presentó 453 acusaciones e
imputó a 423 personas.
Por los casos de abastos Bicentenario y la Corporación Venezolana de Alimentos
hay 31 detenidos y 14 acusados; mientras que por el uso irregular de divisas,
en ese mismo lapso, el Ministerio Público imputó a 120 personas y presentó 141
acusaciones.
Linchamientos
Por otro lado, también se refirió al tema de los linchamientos en Venezuela. Al
respecto dijo que actualmente hay 26 investigaciones (2 de 2015 y 24 que
surgieron durante los primeros meses de este año). Estos sucesos han dejado
como resultado 20 personas muertas y 17 lesionadas.
Ortega Díaz indicó que en relación con la muerte del chef Roberto Fuentes Bernal, quien fue víctima de un linchamiento en Los Ruices la semana pasada, se están investigando las causas que la originaron.“Las investigaciones han arrojado que en la mayoría de estos casos las víctimas cometieron un hecho delictivo”, precisó la Fiscal General.
Agregó que ningún ciudadano está facultado para tomar esas acciones porque la
potestad de la justicia la tiene el Estado venezolano y son actos constitutivos
de delitos según el Código Penal.
“Al Estado le corresponde enjuiciar a las personas, no a particulares, pues eso propicia la anarquía y el caos”, reiteró.
Por tal motivo, Ortega Díaz condenó este tipo de hechos e hizo un llamado a los
fiscales del Ministerio Público y a los demás miembros del Sistema de Justicia
Penal a ser diligentes y oportunos en las respuestas que deben dar a la
ciudadanía para garantizar la paz.
Asimismo, consideró que difundir imágenes de linchamientos constituye apología
del delito, pues es distinto informar sobre un hecho en particular que publicar
contenidos de violencia.
Decomiso de droga en
República Dominicana
Adicionalmente, informó que a propósito de las 349 panelas de cocaína
incautadas el 24 de marzo de este año en República Dominicana procedentes de
Venezuela, se encuentran en esa nación los directores general contra la
Delincuencia Organizada, y contra las Drogas del Ministerio Público, Yurima Gil
y José Miguel Medina, respectivamente.
Precisó que por esta causa hay cinco detenidos en ese país, a quienes se les
solicitó que fueran incorporados en la base de datos con alerta roja de la
Policía Internacional (Interpol).
Cabe destacar que por este decomiso hay 11 personas privadas de libertad en
Venezuela, entre estos cinco efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, y el
detective jefe de Interpol en el estado Lara, Eliécer García Torrealba.
Caso de Tumeremo
Respecto a la muerte de 17
personas ocurrida el 04 de marzo de este año en la población de Tumeremo, municipio
Sifontes del estado Bolívar, dijo que los fiscales solicitarán dos nuevas
órdenes de captura, mientras que hay una por materializar.
Recordó que existen nueve
personas privadas de libertad, al tiempo que detalló que quienes tuvieron una
participación directa en el hecho se les imputó el delito de homicidio.
La máxima autoridad del
Ministerio Público destacó que aún se continúa presente en Tumeremo y que en el
curso de la investigación se han incautado armas, chalecos, municiones, dinero
y otros objetos de interés criminalístico.
Señaló que el director de
Defensa Integral y Delito Ambiental, y el fiscal superior de Bolívar, Abigail
Rodríguez e Israel Pérez, respectivamente, se trasladaron a esa localidad para
tomar medidas ante los efectos que ocasionó la minería ilegal en esos suelos y
evitar la contaminación de las aguas, producto de las sustancias altamente
contaminantes que utilizan para la explotación aurífera y de otros minerales.
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