Según se desprende de oficio número 01-10-318
de fecha 21 de abril de 2017
La Contraloría General de la República
(CGR), iniciará las acciones de control y fiscalización para verificar los
presuntos hechos irregulares en la adquisición masiva de alimentos importados
realizada por el Ejecutivo Nacional durante el año 2015, según se desprende de
oficio signado con el número 01-10-318 de fecha 21 de abril de
2017 en el que el ente contralor informa acerca de la decisión.
La información fue suministrada por la legisladora
Neidy Rosal, jefa de la Fracción Parlamentaria de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) y miembro del grupo parlamentario de Proyecto Venezuela en el
Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC).
El mencionado oficio, fue enviado a la
diputada Neidy Rosal, dando respuesta a la solicitud de investigación hecha por
ella en el año 2015 ante la CGR, donde exigía el pronunciamiento del ente
contralor con respecto a los procesos de financiamiento, compra e importación
de alimentos y todas las presuntas irregularidades en los contratos suscritos
por el Gobierno Nacional en junio de ese año.
En el documento la parlamentaria destacaba
la compra de alimentos con sobreprecio por encima de los estimados en
estándares publicados en las bolsas agrícolas internacionales, caso específico
en los contratos firmados con la empresa brasileña JBS, los cuales fueron
estimados por el orden de 2,1 mil millones de dólares para la compra de
productos como pollo y carne.
El propósito de la solicitud ante la
CGR, además de la fiscalización de los procedimientos de adquisición, compra e
importación de alimentos radicaba en controlar la deuda pública por
compromisos adquiridos. Asimismo, la investigación en los procesos de
otorgamiento, pago y financiamiento entre el gobierno venezolano con empresas
internacionales, con especial énfasis en los realizados por el Ministerio del
Poder Popular para la Economía y Finanzas, y el Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación.
Del mismo modo, Rosal solicitó al órgano
contralor que se investigara la compra de 300 toneladas de carne a las empresas
ABC Carnes, Industrial Comercial San Martin y Nuevo Carnic, así como la compra
de 18 mil toneladas de aceite comestible de soya y palma a las empresas Bunge
Agitrade Cieco Palma y Anator, además de la compra de treinta mil toneladas de
arroz de primera a la empresa estadounidense TRC.
Cabe recordar que en el informe
presentado por la legisladora Rosal también se hace mención y se pide a la
Contraloría General de la República, investigar la compra de cinco mil reses
compradas por el Ejecutivo venezolano a la empresa brasilera Minerva Foods, las
cuales naufragaron en las costas del rio Amazonas en la localidad de Vila do
Conde en Bacarena, en el estado Pará (Brasil), el 06 de octubre del
año 2015, situación que presupone un daño al patrimonio de la nación. En su
momento la parlamentaria pidió se fiscalizara esa mercancía, que ya había sido
cancelada a la empresa brasilera antes mencionada y que no llegó.
La diputada destacó, que realizó la
solicitud de investigación amparada en el numeral 3 del artículo 289 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala:
“Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del
sector público sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el
inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público,
así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones
administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley”.
Entre los aspectos solicitados, por la
diputada Rosal al ente fiscalizador, se encontraba también la verificación del
adecuado estatus de los puertos de Venezuela para la recepción de los
alimentos, en aras de evitar una pérdida masiva de comida tomando en cuenta los
antecedentes con el mencionado caso “Pudreval”; en especial los puertos de
Puerto Cabello, de La Guaira, Maracaibo y de Guanta.
También exigió Rosal la fiscalización de
las catorce empresas de alimentos de primera necesidad que fueron
expropiadas por el Ejecutivo Nacional, llevado a cabo entre 2007 y 2011. “La
Contraloría General de la República debe responder a los venezolanos: ¿Cuáles
son los niveles de producción de estas empresas?, ¿Cuál es el estado operativo
de las mismas? Es imperativo el control y vigilancia de estas empresas”, dijo.
La solicitud fue realizada por la
diputada Rosal, cuando en el país comenzaba a agudizarse la escasez de
alimentos, aumentaban los niveles de inflación, existían irregularidades e
inconvenientes en la adjudicación y liquidación de divisas, se evidenciaba una
fuerte caída de la producción nacional y se incrementaban los niveles de
desempleo; mientras que el Gobierno Nacional realizaba cuantiosas inversiones
en la importación de alimentos y aparecería un “mercado negro de alimentos de
primera necesidad”, lo que agravó considerablemente la situación económica de
todos los venezolanos.
Destacó la legisladora Rosal, que espera
mayor celeridad en la investigación por parte del ente contralor, sobre la
serie de solicitudes realizadas en la denuncia y que a casi dos años de la
misma, se recibe oficio donde manifiestan tomarán las acciones necesarias para
verificar los presuntos hechos irregulares. “Los venezolanos estamos esperando
respuestas por parte de la CGR de forma veraz y oportuna, pues es inaceptable
que se siga permitiendo la corrupción en el tema alimentario”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario