Una vez cesadas funciones de parlamentaria
“Se procede a perseguirme y a violar mis derechos fundamentales de participación política, porque ya no cuento con la inmunidad parlamentaria que se necesita para protegerme de los desmanes de este gobierno y una vez culminado mi periodo como legisladora y en represalia por los hechos de corrupción denunciados ante los distintos órganos competentes del estado y por la impugnación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los altos funcionarios del Poder Público, la cual fue anulada por inconstitucional porque cercena los derechos laborales de los funcionarios de elección popular”, dijo.
Destacó Rosal, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad absoluta de la Ley Orgánica de Emolumentos de los altos funcionarios del Poder Público por razones de inconstitucionalidad”, decisión reflejada en la sentencia N° 686 del pasado 14 de Agosto. “Se me pretende inhabilitar basados en una Ley que fue anulada por el propio TSJ, lo que evidencia que no encuentran de donde agarrarse para coartar mis derechos de participación política”.
Resaltó que en el año 2008, fue electa como concejal por el circuito 5 que comprende los municipios Naguanagua – San Diego, cesando funciones en el año 2009 para incorporarse al Parlamento Regional, donde fue ratificada en el año 2012 como la legisladora más votada en el estado Carabobo, instancia que le permitió abocarse a buscar soluciones a los problemas que aquejaban a los carabobeños.
El Gobierno inicia una maniobra de acoso, amedrentamiento y persecución al liderazgo de la mujer para coartar su participación en asuntos políticos. Existe una retaliación por el trabajo realizado en contra de la corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales, resaltó Neidy Rosal.
Rosal, hace el alerta que empieza a tejerse en contra de su persona, por ello, interpuso formal denuncia como competente autoridad ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo de fecha 31 de mayo del año 2018, por la evidente violación de los derechos humanos fundamentales, donde se detalla todas sus actuaciones ante los hechos de corrupción, destacando los problemas eléctricos; el caso PDVAL con sendas denuncias ante el Ministerio Publico y que representa un escándalo de magnitud internacional por la pérdida de toneladas de comida. Asimismo, la solicitud de protección a la familia como núcleo de la sociedad y la nulidad con amparo constitucional de la Resolución 058 (Consejos Educativos).
También están las denuncias por los casos de la Colección Bicentenario, por intereses Colectivos y Difusos, implementación del Plan Zamora, consistente en la aplicación de justicia militar a civiles que se encontraban en protestas de calle en distintas ciudades de Venezuela en 2017, negándoles su derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, y entre otros tantos, el acompañamiento a los familiares del trágico motín e incendio en los calabozos de PoliCarabobo donde 66 reos perdieron la vida
“Todas estas denuncias fueron interpuestas ante los distintos órganos competentes del estado venezolano dentro de mis funciones como parlamentaria y que siempre han buscado combatir la corrupción y defender derechos humanos fundamentales como la libertad, derecho a alimentación sana y balanceada y el derecho a la educación sin ideologización. Por ello, se me persigue políticamente y se me discrimina”, indicó.
En vez de investigar al denunciado se acosa al denunciante a través de la inhabilitación, discriminación y cercenando sus derechos políticos en represalia por las denuncias de corrupción, aseveró.
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