Ministerio Público interpuso recurso de revisión constitucional ante el TSJ por el caso El Amparo

Se busca anular decisión de la Corte Marcial Ad Hoc de 1998 que absolviera a 15 funcionarios

(Caracas, 3 de mayo de 2016) El Ministerio Público interpuso un recurso extraordinario de revisión constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra la decisión de la Corte Marcial Ad Hoc de San Cristóbal del 30 de junio de 1998, la cual absolvió de sus responsabilidades penales a 15 funcionarios militares y policiales que participaron en la masacre de El Amparo, en el estado Apure, donde murieron 14 pescadores de la zona.

Dicho recurso fue interpuesto ante la Sala Constitucional del TSJ por los fiscales 3ª ante el máximo tribunal del país, 62º (e) y 80º nacionales, Carolina Segura, Juan Barradas y Elvis Rodríguez, respectivamente.

La acción del Ministerio Público tiene como objetivo que el TSJ anule la decisión tomada por la mencionada corte marcial, a fin de que se reaperture el caso en la jurisdicción civil y se pueda continuar con la investigación de rigor.

Con aquella decisión de la instancia militar, fueron liberados de culpabilidad el capitán de corbeta de la Armada Alí González; el maestro técnico de primera del Ejército (Ej) Ernesto Morales; el sargento mayor (Ej) Salvador Ortíz; el sargento técnico de primera (Ej) Omar Pérez; el comisario de la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) Andrés Román; los inspectores del mencionado cuerpo Celso Rincón, Carlos Durán y Luis Villamizar.

También fueron absueltos el subinspector y detective de la Disip Omar Márquez y Yonny Urbina, así como el inspector de la otrora Policía Técnica Judicial (PTJ) Edgar Mendoza; los subinspectores Jesús Rodríguez y Alfredo Montero, además del sumariador Gerardo Molina y el agente Daniel Pitanare.

El hecho...

La masacre de El Amparo ocurrió el 29 de octubre de 1988 cuando efectivos del Comando Específico José Antonio Páez del Ejército y otros funcionarios de seguridad del Estado dieron muerte a 14 pescadores de la región.

La versión del gobierno de Jaime Lusinchi apuntaba hacia un enfrentamiento con guerrilleros colombianos, pero los dos sobrevivientes del hecho, José Augusto Arias y Wolmer Pinilla, desmintieron el pronunciamiento oficial y se puso en evidencia la presunta violación de derechos humanos en el caso.

Investigaciones posteriores demostraron que las 14 víctimas eran venezolanos sin antecedentes penales y que para el día del suceso estaban en labores de pesca.