Por este mismo caso fueron imputados otros dos detectives del mismo organismo
(Caracas, 30 de mayo de 2016) El
Ministerio Público acusó a la detective en jefe del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Yuleydis Castillo (33), por
exigir 150 mil bolívares a la dueña de una agencia de viajes para no abrir un
procedimiento policial en su contra.
Tal hecho ocurrió el pasado 4 de abril
en la parroquia Valentín Valiente de la ciudad de Cumaná en el estado Sucre.
La fiscal 5º de la referida
jurisdicción, Alison Freire, acusó a Castillo por la presunta comisión de los
delitos de concusión y agavillamiento, los cuales están tipificados en la Ley
contra la Corrupción y el Código Penal.
En el escrito presentado ante el
Tribunal 2º de Control del estado Sucre, la fiscal del caso solicitó la
admisión de la acusación, el enjuiciamiento de la mujer y que se mantenga la
medida privativa de libertad contra Castillo, quien permanece recluida en la
Comandancia de la Policía Municipal ubicada en Cumaná.
Vale destacar que por este mismo caso
fueron privados de libertad los detectives del Cicpc Carlos Alberto Montes
Rodríguez y Mehilys Carolina Carrillo Malavé, quienes también habrían incurrido
en los delitos arriba mencionados.
De acuerdo con la información
preliminar, el pasado 3 de abril la dueña de una agencia de viajes se encontraba
en su casa, ubicada en la parroquia Valentín Valiente, cuando algunos
funcionarios del Cicpc se presentaron sin orden de allanamiento exigiéndole
entrar en su vivienda.
Después de algunos minutos, los
efectivos ingresaron a la casa y se llevaron un punto de venta, una computadora
y 10 mil bolívares en efectivo. Adicionalmente, trasladaron a la víctima a la
subdelegación del Cicpc ubicada en la avenida Carúpano para interrogarla por
una supuesta investigación.
En este sentido, la comerciante
permaneció en la sede policial algunas horas; sin embargo, antes de ser
liberada, Castillo le habría sido exigido 150 mil bolívares para no abrir un
procedimiento policial en su contra y devolverle su punto de venta.
Posteriormente, la dueña del
establecimiento denunció la situación, razón por la cual la referida instancia
judicial acordó la grabación de comunicaciones ambientales. En el
procedimiento, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia
Militar y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro aprehendieron a
Castillo el pasado 7 de abril, cuando intentaba persuadir a la víctima de
entregar la suma acordada.
Por otra parte, Montes Rodríguez y
Carrillo Malavé fueron detenidos el 12 de mayo, ante la orden de aprehensión
existente en su contra. Presuntamente, integraban la comisión que ingresó a la
vivienda de Castillo.
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