“Mi
presencia es para denunciar algo que es notario y es noticia, y es que ha sido
aberrante y asombroso el retardo procesal en que ha incurrido la jueza del caso
de los detenidos de Aroa”,
afirmó Julio Torres.
“Lo
primero que me llama la atención es que si el Código Orgánico Procesal Penal
que es quien rige el proceso no establece una verificación de
fiadores vía telefónica se haya designado un alguacil para verificar unos
fiadores a 27 detenidos y hasta hoy (30-6) han transcurrido 23 días y no han
sido verificados, la información que manejo de mano de los defensores de éstos
detenidos, es que la gran mayoría ha presentado sus fiadores y la jueza no ha
cumplido con su deber que es llamar a una audiencia. El procedimiento penal en
Venezuela es oral y estriba en que inmediatamente presentados los fiadores debe
llamarse a una “Audiencia especial de
condiciones de fianza” y es la audiencia donde se verifica los fiadores, no
por teléfono en un acto aparte que no está dentro del proceso, eso ha creado un
retardo procesal injustificable e inaudito que vulnera el principio de libertad
que es inmediato, ya que estamos frente a principios constitucionales que
establece que la justicia es inmediata y es expedita, entonces los ajusticiados
deben llevar un proceso donde se les cumpla con todas estas garantías”
También Torres mencionó
que la jueza teniendo tantas medidas cautelares para dar, dio precisamente una
fianza. “El juez o jueza está obligado a administrar
justicia de acuerdo a la ley, de acuerdo a la jurisprudencia, al uso, las
costumbres y a las máximas experiencias. El juez es ser humano y una persona normal que está al tanto de la
situación del país, entonces en base a esas máximas experiencias, cómo le pide
una fianza a estas personas que estaban protestando porque no pueden acceder a
comprar alimentos a un programa social llamado CLAP, se le pudo dar una
libertad bajo presentación como se le otorgó a los 400 detenidos de Cumaná, una
caución moratoria o en un arresto domiciliario para que estuvieran en su casa y
no en las condiciones en las cuales están estos detenidos”.
Torres finalizó diciendo
que se han vulnerado principios fundamentales como principio de libertad,
presunción de inocencia, el acceso a la justicia; el derecho a tener una
respuesta oportuna, expedita e inmediata. “Mi conclusión es
que la jueza pasó a ser de un factor de proceso de administrador de justicia a
ser un activista político. No hay justificación para que hayan pasado más de 20
días y estos fiadores no hayan sido verificados. Debo recordarle a la jueza que
lleva el caso que existe un castigo para el retardo procesal establecido en la
Ley Anticorrupción, específicamente en el capítulo de Responsabilidad de los
Funcionarios, para este tipo de procedimientos y exhorto a la Jueza Rectora a
que haga un llamado de atención y se ponga fin a esta situación”.
Sobre quién es el ex juez
Julio Torres es abogado penalista egresado de la Universidad Santa María, con posgrado en derecho procesal penal y en teoría general del delito. Posee 23 años de experiencia, ex juez del Circuito Judicial Penal desde el año 2007 y hasta el 2012.
En la actualidad ejerce libre
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