Ante el Cley
(Prensa Consejo Legislativo del Estado Yaracuy 14/05/2019). En sesión ordinaria del Consejo Legislativo del estado Yaracuy (Cley), el Contralmirante Horacio Loreto, encargado de la Comisión de Asuntos Estratégicos en la entidad, presentó un informe detallado sobre la situación real de la producción y distribución de gas doméstico en la región.
Víctor Patrizzi, presidente del Cley, estuvo acompañado de los legisladores Shirley Romero, Ángel Gamarra, Carlos Puertas, Fernando Oliveros, Juan Carlos Díaz, Rafael Ugarte y Aníbal Centeno.
Por su parte, Loreto, indicó que se está haciendo un trabajo organizado y arduo de la mano del Gobernador Julio León Heredia, para que se cumplan los objetivos y satisfacer las necesidades de las más de 22 mil familias que requieren del servicio.
De igual manera, insistió que actualmente están azotados por la guerra económica que dificulta la distribución eficiente del Gas, aunado a los enemigos internos y la ciudadanía común.
“No debemos permitir que se siga saboteando un recurso tan necesario para el día a día de familias, escuelas, hospitales, servicios públicos por personas que se valen de la necesidad para vender los cilindros en moneda extranjera, comunidades organizadas que abusan del poder y un sin fin de situación que agravan aún más la situación”, enfatizó.
En última instancia presentó ante la plenaria una serie de acciones inmediatas y propuestas que podrían acelerar la solución de esta problemática, entre ellas: elevar punto de cuenta presidencial un modelo regional sostenible y sustentable con relación a PDVSA Gas; reingeniería total de recaudación y cobro de servicios a través del carnet de la patria, transferencias, puntos de ventas, entre otros; reingeniería del sistema gerencia y control para erradicar vicios e irregularidades administrativas, además de un sistema de distribución bajo control gerencial municipal.
Los legisladores en su afán de trabajar mancomunadamente con las instituciones que hacen vida en el estado, acordaron tomar acciones como la reforma de la Ley de Contraloría Social como instrumento jurídico que se adapte a las realidades de los servicios públicos.
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